24-10-2019 - OPINIÓN Grupo de tareas Por Enrique Minervino. Que el gobierno de Cambiemos durante estos cuatro años atentó contra el estado de derecho, no es ninguna novedad. En más de una oportunidad lo dijimos en esta columna y, sin dudas, es una de las grandes manchas negras del período macrista. La manipulación de la Justicia, el apriete a jueces que no fallan a favor de los intereses del gobierno, el armado de causas y el funcionamiento acorde a las necesidades del Poder Ejecutivo del Consejo de la Magistratura son algunas pruebas de este accionar cuasi delictivo del gobierno, que no dejan dudas acerca de esta violación del estado de derecho, aspecto primordial para preservar la República. Esta intromisión en la Justicia que el gobierno de Cambiemos realiza desde el momento mismo que asumió en el 2015, atenta contra la división de poderes, fundamento de la República y aspecto crucial para que el estado de derecho funcione a pleno. En toda República es necesario un Poder Judicial independiente, ante el cual se pueda recurrir frente a las arbitrariedades que pueda cometer el Poder Ejecutivo, y con Mauricio Macri a su cargo, no existe esa independencia. La trama de corrupción que se conoció hace unos meses a partir de la investigación del juez Ramos Padilla, puso de manifiesto la existencia de la asociación ilícita integrada por el periodista de Clarín, Daniel Santoro; miembros de la Justicia Federal de Comodoro Py; los fiscales Stornelli y Bidone, las diputadas de Cambiemos, Elisa Carrió, Paula Olivetto y Mariana Zuvic; y el falso abogado Marcelo D’Alessio. Este verdadero “grupo de tareas” llevaba adelante un mecanismo de engaño por el cual le hacían creer a algún empresario que estaba señalado o involucrado en una causa penal, por ejemplo la causa de las fotocopias de los cuadernos. Entonces aparecían ellos como “salvadores” del sujeto caído en desgracia para “ayudarlo” y desincriminarlo de cualquier problema judicial. Claro que a cambio de dinero, mucho dinero. Si el desdichado empresario involucrado no aceptaba el trato, aparecía Santoro elaborando un artículo de prensa o “escrachándolo” en el programa televisivo “Animales Sueltos”, conducido por Alejandro Fantino, en el que era columnista operador. También solían intervenir en algunos casos la “defensora” de la República, “Lilita” Carrió, o Paula Olivetto, quienes salían a denunciar en los medios a quienes no “transaban” o directamente a quienes querían eliminar del camino, y lo hacían en base a la información que recibían de parte de los fiscales Stornelli o Bidone. El juez Ramos Padilla, además de poner en evidencia este entramado mafioso y judicial, en su histórico informe en el Congreso de la Nación, entregó toda la documentación a la Comisión Provincial de la Memoria, presidida por el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, que, luego de un análisis exhaustivo de la misma, comprobó la existencia de esta asociación ilícita que desarrolló esta tarea de espionaje ilegal, paralela al Estado, con la anuencia del gobierno de Cambiemos. Pero, según la comisión, esta banda comandada por Marcelo D’Alessio no estaba sola. Tenía detrás, nada menos que a la Embajada de Estados Unidos y, por ende, al poderoso país del norte. La gravedad de esto es poco dimensionada. Pero, sin dudas, es el caso que pone en evidencia cómo desde el gobierno de Cambiemos se realizó una persecución sistemática a políticos y al periodismo crítico. Se inventaron causas y se violó sistemáticamente el estado de derecho, con el único objetivo de llevar adelante sus planes de gobierno, de saqueo y entrega al imperio. Desde el bloque de poder integrado por el gobierno y el diario Clarín, salieron con los tapones de punta contra la Comisión de la Memoria, porque, según ellos, se vio “atacada” la libertad de prensa. Precisamente respondieron en bloque luego del informe publicado por la comisión, donde aparecen los nombres de periodistas que forman parte de esta asociación ilegal. Los periodistas “estrellas” del diario de la trompeta, encabezados por Leuco y compañía, cumplieron esta tarea junto a los políticos de Cambiemos, como la integrante de la banda, Elisa Carrió, quien trato de “senil” al Premio Nobel argentino; y la endeudadora serial de la provincia, María Eugenia Vidal, quien dijo que la comisión “no puede evaluar la acción de un periodista”. Le pregunto a la peor gobernadora de la historia de la provincia de Buenos Aires: ¿desde qué lugar no se puede evaluar la acción de un periodista? Es un actor como cualquier otro de la sociedad y puede ser evaluado como un político, como un empleado de un ministerio o como un empleado bancario, o, en definitiva, como cualquier ciudadano. Y más aún si cometen delitos, como Daniel Santoro, de Clarín. Vidal, Carrió y sus pseudoperiodistas amigos de los diarios Clarín y La Nación, ponen el grito en el cielo por el informe de la Comisión Provincial de la Memoria. Pero no dicen nada acerca de la esencia del informe, que es el descubrimiento por parte del juez Ramos Padilla sobre la red de espionaje ilegal que involucra a la AFI, D’Alessio, Bonadío, Stornelli y Santoro. ¿No será que, en definitiva, sacaron provecho político del accionar ilegal de las acciones de esta banda delincuencial? El informe del juez Ramos Padilla y la seriedad jurídica de su accionar mostraron cómo funciona en nuestro país el Lawfare, o la guerra jurídica en nuestro país, con la cual se persiguió a la oposición (particularmente al kirchnerismo y a su líder Cristina Fernández), al periodismo crítico y a los sindicatos en nuestro país. Por eso, la política argentina en su totalidad debe respaldar esta investigación, que finalmente puso al desnudo esta trama mafiosa en la cual están involucrados los personeros de la derecha argentina. Solo así alcanzaremos la verdadera transparencia democrática que Cambiemos se empeña en destruir con sus acciones.