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14-09-2012 - POLITICA
El Fiscal de Estado Provincial: ¿organismo de la constitución o espacio opositor?



Escribe: Senador Provincial Patricio A. García (FpV).

La necesidad de cubrir el cargo de Fiscal de Estado de la Provincia de Buenos Aires ha despertado algunas controversias en torno a la pertenencia política de su reemplazante. Así, desde la oposición se sostuvo que la Fiscalía debe seguir en manos de la oposición. Sin embargo, ni la Constitución ni la ley establecen ese criterio. Por el contrario, de la letra y del espíritu de la Constitución de la Provincia se desprende que otros son los criterios de selección. El Fiscal de Estado es un Organismo de la Constitución , y no un espacio opositor.

Es el encargado de defender el patrimonio del Fisco, requiriéndose para su designación las mismas condiciones que para ser miembro de la Suprema Corte de Justicia. El funcionario es designado por el Senado, a propuesta del Poder Ejecutivo. Nada dicen la Constitución ni la ley sobre la pertenencia política del funcionario, cuestión que permitió en su momento la designación del Dr. Szelagowski durante un gobierno radical. La instalación de este supuesto “requisito” resulta entonces motivada por el deseo de la oposición de continuar en posesión de un espacio institucional que la voluntad popular no les ha conferido, y que la Constitución no les ha reservado.

La Constitución otorga participación en la designación del Fiscal a las fuerzas políticas con representación parlamentaria en el Senado, otorgando o no su acuerdo. Tanto oficialismo como oposición coadyuvan en la designación del funcionario que por su idoneidad, probidad e independencia de criterio desempeñará el cargo de Fiscal de Estado, más allá de sus simpatías o pertenencias partidarias.

Pensar este cargo en términos de pertenencia partidaria, en términos de oficialismo u oposición, y no de probidad, idoneidad e independencia de criterio del postulante a ocuparlo, nos coloca frente a una paradoja: se trata de un funcionario que goza de inamovilidad establecida por la Constitución para el desempeño de su cargo, como los jueces. Pero oficialismo y oposición pueden cambiar en cada elección. De allí que debería violentarse la Constitución , solicitando la renuncia o promoviendo la remoción del Fiscal en el supuesto de que la oposición triunfara electoralmente, a fin de colocar a un nuevo opositor en esa función. Y es que el supuesto requisito de pertenecer a la oposición se da de patadas con el carácter constitucional de funcionario “inamovible”. Los cargos constitucionalmente inamovibles tienen como requisito la probidad, idoneidad y el buen desempeño del funcionario. Por su parte, los cargos previstos para “la oposición”, tienen como antecedente los periódicos resultados electorales. De esta incompatibilidad conceptual se desprende aquella paradoja.

Por ello creemos que el árbol no debe taparnos el bosque. Debemos buscar entre todas las fuerzas políticas el mejor Fiscal de Estado, cada uno desde su espacio institucional. Así garantizaremos, sin paradojas constitucionales, la transparencia en la gestión y los intereses patrimoniales del Estado. En este sentido, en el Senado se está tratando un proyecto de ley al cual adhiero, con el que pretendemos reglamentar la prestación del acuerdo para la designación del Fiscal de Estado, estableciendo un procedimiento de audiencia pública, precedido de la acreditación de antecedentes y la posibilidad de impugnaciones del postulante, similar al establecido por el Presidente Néstor Kirchner en el año 2003 para la designación de los miembros de la Corte Suprema de Justicia.

Estoy seguro de que de mediante este procedimiento contribuiremos a la elección del mejor postulante para esa importante función.







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